China y España comparte un espinoso asunto estos días. Ambos
países acaban de aprobar sendas controvertidas leyes de seguridad nacional que
comparten aspectos relacionados con la limitación de los derechos de los
ciudadanos.
En China, dos meses después de su anuncio, se aprobó la
normativa que regula aspectos como las finanzas, la política, el ejército, la
ciberseguridad, la ideología o la religión.
La ley obliga a los
ciudadanos de Hong Kong, Macao y Taiwán a proteger la soberanía nacional y
territorial. Pero no solo las colonias chinas están protegidas por esta ley,
además protege las actividades chinas en el espacio, el fondo marino y las
regiones polares. Es más, la ley incluye dar
respuesta a las amenazas nucleares, una novedad importante dado que China
siempre ha mantenido en su política el principio de no iniciar un ataque.
Con esta ley se con la que se endurecerán más los controles
en Internet y se da poder al gobierno para que tome "todas las medidas
necesarias" a fin de proteger la soberanía. Una iniciativa que preocupa a
compañías extranjeras y diplomáticos, que ya se han quejado en anteriores
ocasiones de que puede exponer más a las firmas tecnológicas extranjeras que
quieran operar o estén ya en China, obligándoles incluso a comprometer su
propiedad intelectual.
Amnistía Internacional ha criticado duramente esta medida.
En un comunicado señala que "la ley entrega al gobierno un cheque en
blanco para castigar y vigilar a cualquier persona que le disguste: activistas
de derechos humanos, personas que critican al gobierno y otras voces de
oposición".
